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Un juez ordena que se paralice un contrato millonario de YPF

El juez federal Sebastián Ramos dispuso una medida cautelar contra la petrolera para obligarla a la suspensión de un contrato de millones de dólares.Martes 22 de septiembre de 2020

YPF - Fallo judicial
El juez federal Sebastián Ramos dispuso una medida cautelar contra YPF para obligarla a suspender la ejecución de un contrato con la firma Compañía Naviera Horamar hasta que defina si directivos de la petrolera y funcionarios del gobierno de Cambiemos cometieron posibles irregularidades en un proceso de licitación.
 
La medida del magistrado es en favor del sindicato SuPeh Flota petrolera, que representa a los operarios marítimos que trabajan en las embarcaciones contratadas por YPF. Ramos dispuso que se suspenda temporalmente la contratación de la empresa Compañía Naviera Horamar, que en septiembre del año pasado se adjudicó un contrato de 67 millones de dólares por parte de la petrolera argentina, hasta que no se determine si sus directivos no incurrieron en prácticas ilegales e irregulares al momento de cerrar esa licitación.
 
De hecho, Ramos está investigando si los ejecutivos de YPF y funcionarios de la gestión de Cambiemos cometieron el delito de «incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» y de «defraudación contra la Administración Pública».
Según publicó el portal Ecojournal, hasta tanto no se expida sobre esa cuestión de fondo, el titular del juzgado federal Criminal y Correccional número 2 impidió que YPF y Horamar sigan adelante con la ejecución del contrato.
 Por ese motivo, la firma en cuestión deberá frenar la construcción de seis barcazas y tres remolcadores que está fabricando en astilleros radicados en Paraguay. La determinación judicial, no solo interrumpe la implementación de un contrato estratégico que fue presentado por la gestión pasada como uno de los puntales para reducir los costos logísticos de combustibles, sino que también porque con una extensa resolución de 52 hojas, el juez federal establece una serie de criterios interpretativos que podrían tener implicancias negativas para YPF en ámbitos de la gestión.
 
Ramos deja entrever que pese a ser una empresa privada, a la petrolera le caben también responsabilidades legales similares a las de una compañía estatal, ya que en esa misma línea, el magistrado parece homologar en ciertas ocasiones la responsabilidad penal de los directivos de YPF con las de un funcionario público. La adjudicación se hará efectiva recién a partir del 1º de enero de 2021, por lo que hoy Horamar se encuentra en pleno proceso de construcción de las embarcaciones necesarias para prestar el servicio y dicha fabricación se lleva adelante en Paraguay en Astilleros del Chaco.
 
«No tiene sentido que en una crisis como esta la construcción de esos barcos se realice en Paraguay cuando tranquilamente se podrían construir en el país. Es increíble que YPF, que es una empresa que históricamente fue uno de los impulsores de la industria naval nacional, hoy termine favoreciendo el desarrollo del sector en un país vecino», cuestionó Jorge Fedenczuk, titular de Supeh Flota Petrolera e Hidrocarburífera, en declaraciones a EconoJournal.
 
Además de la denuncia sobre la validez legal del concurso realizado por YPF, que se firmó el 5 de septiembre de 2019, un par de semanas después de la derrota de Cambiemos en las PASO, la contratación de Horamar le generó a YPF un conflicto sindical. En ese sentido, National Shipping, la empresa que hoy brinda el servicio, tiene un convenio con el Supeh, el sindicato histórico de YPF.
 
Horamar, en cambio, emplea operarios encuadrados en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), otro gremio del sector, por lo que la adjudicación que logró implica que cerca de 200 trabajadores del Supeh perderán su puesto de trabajo.

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