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Lo hizo Canicoba Corral antes de jubilarse. En la causa se investiga si funcionarios del macrismo cometieron «defraudación al Estado» y «negociaciones incompatibles con la función pública».
A pocos días para jubilarse, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó por administración fraudulenta al exDirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al exProcurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías. El magistrado dispuso estas medidas en la causa por presuntas irregularidades en la concesión de licitaciones a Autopistas por parte del Estado Nacional.
En el expediente se investiga si funcionarios del macrismo cometieron los delitos de «defraudación al Estado» y «negociaciones incompatibles con la función pública» al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste no habrían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.
Canicoba Corral procesó a los exfuncionarios después de que se negaran a declarar por videoconferencia y les trabó un embargo de $500 millones a cada uno. Para el próximo viernes están previstas las declaraciones de los exmnistros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Transporte, Guillermo Dietrich, consigna la agencia NA.
En la causa se analizan «maniobras defraudatorias y actos en violación a las leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en connvivencia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la CABA», de acuerdo a la investigación.
También está bajo investigación un contrato de concesión del Acceso Oeste firmado durante del gobierno de Cambiemos. Los hechos denunciados se habrían iniciado «formalmente» con una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión de Iguacel en 2016 y concluyeron con la firma de un decreto del Poder Ejecutivo en 2018.
El expediente se abrió a partir de una denuncia de los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Acusaron a exfuncionarios por irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, por el pago de casi U$S500 millones por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la compañía Natal Inversiones.
