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Con un “blanqueo” y beneficios impositivos para fondos que vayan a la construcción, y un 2,2% del PBI para obra pública, el Estado ensaya un repunte de la actividad.
El margen de acción que tendrá el Gobierno para poder funcionar como empuje de la actividad el año que viene es discutido y tiene distintas fronteras que marcan una cancha muy angosta. Por un lado, las tensiones con el dólar y la administración de cada vez menos divisas hacen convivir a la macroeconomía con un brecha cambiaria cada vez mayor, una expectativa devaluatoria y con la amenaza de que la inflación empiece a despegar en cualquier momento. La propia pandemia implicó un direccionamiento de recursos impensado a priori y subió la vara del gasto que el Gobierno considera imprescindible en este contexto.
// El Gobierno lanzó un “blanqueo” para inversiones en construcción y busca revivir el crédito hipotecario
Habrá también límites en las maneras en que el Poder Ejecutivo podrá cubrir todo esos fondos que planea poner a funcionar a través de la obra pública, que entre proyectos viales, de vivienda y de agua y saneamiento suman unos $285.000 millones. El plan original del Ministerio de Economía fue financiar el 60% del déficit del año que viene con emisión de pesos del Banco Central y el resto a través de colocaciones de bonos en pesos en el mercado local.
En los últimos días se supo que Martín Guzmán busca reducir ese 60% para que haya menos pesos en circulación. Para eso, la intención oficial es acelerar desembolsos de préstamos de organismos internacionales.
En ese sentido, con tensiones cambiarias y una brecha que acelera, una masa de pesos inyectados a la calle puede representar un riesgo adicional, según los economistas. Con todos esos condicionamientos y asteriscos en una economía que mira el día a día, el plan para hacer de la construcción el caballito de batalla de la recuperación económica en 2021 ya fue señalado por empresarios del sector como “histórico”.
Construcción privada: blanqueo y créditos hipotecarios
El Gobierno anunció el miércoles un plan para incentivar la declaración de dólares y pesos que permanezcan fuera del sistema financiero o en el exterior, para aquellos que decidan destinarlo a proyectos de construcción de viviendas. La promesa del Ejecutivo es realizar un “bloqueo” fiscal (es decir, el Estado renuncia a reclamar impuestos no pagados o a realizar acciones judiciales por esos activos declarados en el blanqueo) aunque antes cobrará un impuesto único que variará de entre el 5% y el 25% de lo declarado de acuerdo al momento en que ingresen al programa.
Los fondos declarados podrán ser invertidos en obras para vivienda que tengan un grado de avance menor al 50%. En paralelo habrá beneficios tributarios para quienes realicen inversiones en proyectos de construcción. Entre ellos, no cobrará Bienes Personales hasta 2023, gozarán de un crédito fiscal de 1% de lo invertido para pagar saldos de ese impuesto y, por último, habrá un diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y Sucesiones Indivisas o del Impuesto a las Ganancias.
El Palacio de Hacienda no realizó ningún cálculo sobre qué horizonte de recaudación podría tener el blanqueo, aunque la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) había estimado hace algunos meses que una iniciativa así podría implicar la declaración de unos U$S5000 millones, tomando como referencia los resultados de planes similares anteriores como los Cedines, implementados por el Gobierno de Cristina Kirchner en 2013. Esa cifra, de todos modos, no contemplaba aún las tensiones cambiarias y el aumento de la brecha de las últimas semanas, explicó a TN.com.ar Iván Szczech, presidente de Camarco.
// Créditos hipotecarios: cómo será la nueva línea de financiamiento para la construcción
La tercera pata del plan para la construcción, luego del blanqueo y las ventajas impositivas para inversiones, será el crédito hipotecario, que fue víctima en los últimos dos años de las sucesivas devaluaciones y aumentos de la inflación. El Gobierno afirmó que creará una Sociedad Hipotecaria, que funcionará como administradora de “nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación”.
Es decir, abandonará el sistema de actualización UVA (inflación) para establecer un esquema que financie diferencias en el caso de que la inflación y los ingresos tengan en un período de tiempo una brecha. El Ministerio de Economía cree que el nuevo programa de créditos permitirá estar cubierto al deudor y también a los bancos que otorguen los préstamos.
La cobertura para cuotas estará sostenido por un “aporte” que hará cada parte en cada cuota del crédito hipotecario. Habrá entonces una parte cubierta por el deudor, otra por los bancos, otra con la rentabilidad que obtenga el fondo y un aporte inicial del Tesoro.
El nuevo sistema de préstamos hipotecarios reemplazará el UVA entonces por una “doble” medida. Será en Unidades actualizadas por CER (inflación) y el Índice de la Construcción para el acreedor y en base a la evolución de los salarios para el deudor. Las líneas de créditos se podrán destinar a la construcción sobre terreno propio, a la adquisición o cambio de vivienda por una a estrenar (sólo primera escritura), refacción, ampliación o terminación o la adquisición o cambio de vivienda única de ocupación permanente.
El Presupuesto 2021 que se debate en el Congreso incluye una duplicación de las partidas para inversiones de obra pública que prevé realizar el Gobierno. Los principales rubros del gasto de capital previsto por el Presupuesto 2021 en obras viales, vivienda y agua y saneamiento sumarán casi $285.000 millones.
Tal como publicó TN.com.ar, el gasto de capital que tendrá el año próximo un 2,2% del PBI previsto de fondos igualará así el nivel que registró el Presupuesto de 2016. En los años posteriores, esa proporción tendió a disminuir a 2% del Producto en 2017, 1,4% en 2018 y 1,1% en 2019. Las cifras más altas de los últimos 15 años se alcanzaron en 2009 y 2014, cuando las partidas para obras llegaron a ser del 3% del PBI.
De acuerdo con un análisis de las planillas oficiales presentadas con el Presupuesto, el “trazo grueso” de la obra pública (vialidad, vivienda y agua y saneamiento), que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y el de Hábitat y Desarrollo Territorial, incluirá un paquete de proyectos de inversión en todas las provincias del país, incluyendo 460 de rutas y autopistas.
Al considerar toda la partida presupuestaria catalogada como Inversión Real Directa por parte del Estado nacional en 2021,la provincia de Buenos Aires se llevaría el 30,2% del total, es decir $85.785 millones de los $284.000 millones a repartir entre todas las jurisdicciones. Esa proporción que se lleva la gobernación bonaerense es la más alta de los últimos veinte años.
base al Presupuesto 2021
Dólar y brecha, los límites del plan oficial
El Poder Ejecutivo le otorga a la construcción un rol preponderante en la economía pospandemia porque suele ser un sector que responde rápido a un cambio de tendencia, ya sea negativo o positivo en el nivel de actividad. “La construcción es un termómetro. Es más simple y rápido poner en marcha una obra que una industria o cualquier otra actividad. La construcción reacciona primera para bien o para mal, previniendo lo que va a venir para la economía”, aseguró Iván Szczech.
El presidente de Camarco dijo que desde que comenzó la pandemia el sector perdió unos 150.000 empleos. “Estamos buscando recuperar los puestos de trabajo perdidos, tanto con estas medidas como con la obra pública. Son todas medidas importantes en forma equilibrada en términos de impacto en la actividad, y lo más importante es que se salde una deuda de la Argentina que es poder contar con créditos hipotecarios”, comentó.
Las intenciones oficiales de poner en marcha la economía con un plan ambicioso de construcción y obra pública parecen un proyecto de largo plazo en una coyuntura cambiaria que obliga a mirar el día a día y a tomar medidas de emergencia todas las semanas. Esa tensión implica un límite, asegura Julia Segoviano, economista de la consultora LCG.
“Para empezar a pensar en una recuperación no podés evitar el tema cambiario. Es fundamental tranquilizar ese frente que hoy está cada vez más inestable y con una expectativa de devaluación que aumenta. Una brecha así y reservas muy bajas no es un escenario sostenible”, explicó a TN.com.ar.
El plan oficial, además, implicaría un nivel de gasto importante y eso podría incluso ser contraproducente para el frente cambiario. “El año que viene el Gobierno no tiene mucho margen para gastar. Hay que mirar cómo se está financiando ese gasto. Gran parte de eso es vía emisión monetaria del Banco Central. No tiene muchos canales alternativos, salvo que decida seguir con la emisión. Y eso no parece ser una salida en medio de la tensión cambiaria y la aceleración inflacionaria”, continuó Segoviano.
El ministro de Economía Martín Guzmán aseguró este viernes que buscará en las próximas semanas llegar a acuerdos con organismos internacionales de crédito para financiar parte del gasto del año próximo a través de desembolsos. El esquema de 60% del déficit cubierto por el BCRA -lo que implicaría una emisión de 1 billón de pesos– y 40% en el mercado local podría ser modificado para liberar parte de esa presión a la autoridad monetaria.
De todos modos, más allá de este paquete de medidas para la construcción y el millonario presupuesto para obra pública de 2021, el Gobierno necesitará otros elementos para poder mostrar una recuperación fuerte de la economía. “Va a tener que ser acompañado de un repunte del mercado interno y el consumo, que se va a dar en la medida que mejore el poder adquisitivo. Eso va a depender de la inflación del año que viene. Habrá que ver cómo evolucionan los salarios reales y en el frente externo, que mejoren las exportaciones”, concluyó Segoviano.
26 de octubre 2020
