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La policía detuvo a un hombre de Berazategui que tenía en su casa gran cantidad de fibra óptica y material para conexión. También cayeron un grupo de ladrones de baterías de gel que atacaban antenas telefónicas.Miércoles 19 de agosto de 2020
Efectivos de la Departamental de Berazategui de la Policía Bonaerense detuvieron a un hombre, al que le incautaron cables, cajas de conexión y derivadoras de señal y adaptadores de corriente que habían sido sustraídos de manera ilegal de una empresa de telefonía móvil.
La Justicia investiga si, efectivamente, este caso pertenece a una inmensa red de telefonía y servicio de internet ilegal que se distribuye en diferentes puntos del Gran Buenos Aires y en el Interior del país y que puede representar un negocio muy fructífero, ya que las empresas pueden pasar meses sin advertir las conexiones ilegales de miles de ciudadanos con sus propios equipos.
El jueves por la noche, personal del GTO de la estación policial de Berazategui y de la Comisaría 5ª de la misma localidad detuvo a Pablo Horacio Leiva, de 42 años, en un domicilio ubicado en la calle 125. El fiscal Carlos Riera, de la UFI Nº 5 de Berazategui, había ordenado el allanamiento de ese domicilio.
Durante el procedimiento, la policía encontró una gran cantidad de cables de fibra óptica de conexión, cajas de utilización de telefonía celular, cajas derivadoras de señales y un adaptador de corriente. Todos esos productos pertenecían a la empresa de telefonía. Además, se halló una importante suma de dinero en efectivo.
Lo más paradójico del caso es que Leiva, ex empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia entre 2012 y 2016, ya había sido aprehendido el 7 de mayo de este año, apenas tres meses atrás, por una causa similar.
A raíz de una denuncia de una de las empresas de telefonía, la Policía Federal realizó bajo las ordenes del fiscal federal Daniel Adler y el juez Santiago Inchausti siete allanamiento en las que se secuestraron cables de telefonía fija por un monto valuado en 300 mil pesos. Además, se incautaron unos $150 mil en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, documentación de compra-venta de metales y hasta armas de fuego sin registrar. Al contrario de otras causas, se trató de un delito federal porque los cables, precisamente, pertenecían a una compañía de telefonía.
Fuentes de la causa afirman que los cables terminaron en otro mercado más deslucido que las comunicaciones clandestinas: eran incendiados para quitarles el plástico y llevarlos a la venta de cobre al peso, chatarra, un fenómeno que en Capital Federal replica con fuerza y que se llevó bancos de Metrobus, placas de estatuas o el pasamanos de la escalinata de iglesia de San Nicola di Bari en la avenida Santa Fe. Un empresario, el dueño de la empresa de compra-venta, terminó detenido, con otros 18 indagados en total.
En el lapso del último año registraron 3.890 episodios de cables robados y en el mismo período se sustrajeron más de 440 mil metros de cable, tanto de cobre como de fibra óptica. Además, en lo que se lleva de 2020 la compañía de telecomunicación registró una pérdida valuada en millones de pesos.
“La fibra óptica también es frecuentemente vandalizada, ya que en algunos casos los delincuentes la cortan pensando que se trata de tendidos de cobre. Si bien estos episodios no terminan siempre en robos, el daño y la incomunicación de los clientes ya fueron producidos, requiriendo tiempo para el restablecimiento de las comunicaciones y costos de reparación y empalme”.
En 2018, se conoció el modus operandi de una banda que robaba equipos y cables de empresas de telefonía e internet y montaba una compañía falsa paralela que era ofrecida a los clientes a través de las redes. La organización, integrada en su mayoría por empleados de firmas tercerizadas que trabajaban para las grandes compañías.
Ese único pago a esta empresa trucha le permitía al usuario disponer del servicio presuntamente por dos años. Si la compañía del servicio descubría la estafa y bloqueaba el decodificador y el módem, el “cliente” solo debía comunicarse al celular de los delincuentes para que éstos reemplazaran los módems por otros nuevos.
Desde una de las empresas se afirma: “Existe un mercado ilegal de comercialización de baterías. Para concretar este delito, en todos los casos se producen destrozos sobre las instalaciones físicas y equipos electrónicos del sistema operativo de las radiobases, lo cual afecta en forma directa a la prestación del servicio y a los ciudadanos que lo utilizan”