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Cambios y ruido interno en el Gabinete: traspasan a Desarrollo Social un área clave de la ministra Bielsa

La medida dispone trasladar los fondos millonarios del Registro de Barrios Populares al ministerio encabezado por Daniel Arroyo.

Última modificación: 28 de Septiembre 2020, 07:18hs

El Gobierno traspasó el área encargada de la urbanización de barrios populares del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al de Desarrollo Social. La medida se oficializó en la previa al desalojo del predio tomado en Guernica, que se realizará el próximo jueves.
El traspaso se implementó a través del decreto 777/2020 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros. El documento cambió dos artículos de la Ley de Ministerios, lo que permitió el traslado de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).
Según pudo saber NA, la decisión del Poder Ejecutivo significa mayor “responsabilidad de gestión y presupuesto” para el área que conduce Arroyo. Dentro de la transferencia, se contempla también la entrega de un fideicomiso por 8.800 millones de pesos para financiar la tarea. En Desarrollo Social también esperan que se destine el 15% del aporte extraordinario de las grandes fortunas del país si es aprobado en el Congreso.
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De esta manera, quedará a cargo del ministerio de Desarrollo Social la misión de urbanizar los 4.400 barrios populares que existen en el país. Esta tarea contempla la apertura de calles para reemplazar los “pasillos”, el desarrollo de infraestructura de los servicios básicos, como cloacas y la red de gas, el establecimiento de espacios públicos y el mejoramiento de las viviendas ya existentes.
El primer artículo que se cambió es el 23 bis del Título V de la Ley N°22.520, que determinó que “compete a la cartera conducida por Daniel Arroyo en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano».
Abarca además a «la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración socio urbana”.

A partir de estos cambios Desarrollo Social sumará funciones como “entender, en coordinación con las demás áreas de la Administración Pública Nacional con competencia específica, en la ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana”.

El decreto además modifica otro artículo que determina las competencias del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El texto aclara que el organismo a cargo de María Eugenia Bielsa tendrá a cargo “la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización de suelo, mejoramiento y construcción de viviendas e integración urbana, destinadas a los sectores populares con excepción de los Barrios Populares identificados en el RENABAP”.

No se trata del primer recorte de poder que sufre la ministra Bielsa. Días atrás, experimentó una “mudanza” de cajas clave en la misma dirección. La Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU), que se queda con un porcentaje (9%) del impuesto PAIS -ligado a la compra del “ahorro”- a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), pasó del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al Ministerio de Desarrollo Social.

El traspaso de este área se dispuso previo al desalojo del predio ocupado en Guernica, que se realizará este jueves después de que la Justicia hiciera lugar al pedido del gobierno bonaerense para postergar el operativo. La decisión la tomó el juez de Garantías 8 de Cañuelas Martín Rizzo, que originalmente había fijado en el 23 de septiembre la fecha para liberar el terreno de 98 hectáreas, usurpado por más de 2500 familias.

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